En el mundo globalizado en el que vivimos, las violaciones de derechos humanos pueden atravesar nuestras fronteras y su protección no será efectiva si no se tiene en cuenta el carácter transnacional de las violaciones. De este modo, los Estados y sus gobiernos no son sólo responsables hoy de la protección de los derechos humanos de las ciudadanas que se encuentran dentro de su territorio, sino que también tienen la obligación de impedir que sus acciones no violen los derechos humanos de personas que se encuentran fuera de su territorio.
Además, según el principio de Debida Diligencia acuñado por este Comité en la Recomendación General 19, todo gobierno debe velar porque las empresas transnacionales que tengan sede en su territorio no aprovechen las lagunas legales originadas en su carácter transnacional para violar con impunidad los derechos humanos.
La responsabilidad extraterritorial es reconocida cada vez más por los Órganos de Tratado así como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se ha pronunciado con asiduidad en este sentido, en particular en los casos de riesgo de tortura por extraditación como Soering v UK (1989).
El Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) en su Recomendación General 28, párrafo 36, reconoce que “Las obligaciones que incumben a los Estados partes […] también se extienden a los actos de las empresas nacionales que operan fuera del territorio del país.” En este informe WILPF quiere llamar la atención del Comité sobre las violaciones de derechos humanos de mujeres fuera de España en relación con exportaciones de armas, con la agenda mujeres, paz y seguridad y con las actividades de empresas transnacionales.
